EDITORIAL NEWSLETTER DICIEMBRE 2019
Sr. Haroldo Brito Cruz
Presidente Excma. Corte Suprema de Justicia
Presidente Consejo Directivo Academia Judicial
Han pasado 25 años desde que la Academia Judicial llegó a la vida institucional de Chile a través de la publicación, el 18 de noviembre de 1994, de la Ley N° 19.346 que la creó. Cinco lustros pueden ser mucho o poco tiempo, depende del que juzga el paso de los años, pero tratándose de instituciones tal vez lo más relevante sea medirlas por el modo en que han logrado posicionarse e incidir en el contexto para el que fueron creadas.
Sr. Haroldo Brito Cruz Presidente Excma. Corte Suprema de Justicia |
Tuve la fortuna de formar parte del primer Consejo Directivo de la Academia Judicial que comenzó a sesionar en 1995, época en la cual era Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados. En agosto de ese año, recuerdo bien, ese novel Consejo se reunió un par de días para pensar en cómo diseñar y dar estructura a una entidad que no tenía parangón en nuestro sistema judicial, una institución especialmente dedicada a la capacitación de jueces y funcionarios. Casi al terminar la reunión, se nos pidió a cada consejero hacer el ejercicio de imaginarnos cómo vislumbrábamos a la Academia 25 años más tarde. Creo que me pareció, en ese momento, casi una pregunta retórica, cómo podríamos preguntarnos por algo así a tan largo plazo. Y dijimos todos que deseábamos que pudiese convertirse en una institución valorada y legitimada.
Y aquí estamos, 25 años después, nuevamente en el Consejo Directivo de la Academia Judicial, pero esta vez presidiéndolo. Y desde esta posición en la que hoy me corresponde estar, me pregunto si pudimos hacer de la Academia lo que anhelamos en sus comienzos y cuánto nos falta por hacer.
Los primeros tiempos no fueron fáciles: no se comprendía por qué los judiciales debíamos postular a un curso y por qué debíamos hacerlo en una oferta cerrada de opciones, por qué existiría una entidad que iba a definir quiénes eran los abogados que podían postular a cargos de jueces y secretarios, para qué se destinarían recursos públicos a estas acciones. Pues bien, la Academia Judicial nace de un anhelo del propio Poder Judicial y vino a representar el cambio más fundamental introducido al mundo judicial en los primeros años de retorno a la democracia: la posibilidad de acceder a una capacitación gratuita, anual y con docentes que representaran la necesaria pluralidad de puntos de vista, por una parte, y el hecho de contar con un sistema de selección objetivo y transparente a un programa que fuese capaz de entregar, para cargos del escalafón primario, un grupo de abogados con vocación de servicio y con habilidades, destrezas y conocimientos propiamente judiciales, por otro lado, fueron cambios copernicanos en un Poder Judicial que no había sufrido mayores transformaciones en décadas.
De a poco, la Academia Judicial fue posicionándose en la cultura jurídica del país y las preguntas por los objetivos y las necesidades de capacitación, los métodos para enseñar a los adultos, los requerimientos cada vez mayores del sistema de justicia, traspasaron cada una de las acciones educativas en que ha debido involucrarse a lo largo de los años.
La Academia ha sorteado varias pruebas de fuego, relacionadas fundamentalmente con las reformas procesales de las que hemos sido actores: es probable que sin Academia las reformas se hubieren hecho igual, pero la capacitación brindada por la institución permitió tránsitos más fluidos y funcionarios más seguros de sus competencias.
Ninguna empresa humana está libre de equivocaciones y desaciertos, y en la Academia se ha tenido que recurrir a estrategias de ensayo y error muchas veces. Pero, a estas alturas, el principal escollo para devenir en una «Academia 2.0» es, quién lo diría, la propia ley que le dio origen. En efecto, la Academia fue creada para un contexto radicalmente distinto al actual, donde las formas de trabajo que la ley establece eran eficientes en aquel escenario donde se recibían cerca de 2.200 postulaciones a cursos de perfeccionamiento y se hacía 1 programa de formación al año, donde los procedimientos eran escritos y los abogados eran los profesionales mayoritarios en el sistema. Hoy la Academia acaba de recibir más de 10.000 postulaciones para los cursos del año 2020, realizará 3 programas de formación y 1 de habilitación el año próximo, comenzará fuertemente una línea de capacitación virtualizando algunos cursos y pondrá en marcha una serie de actividades a ser transmitidas por videoconferencia a los tribunales. Y todo ello, enfrentando la tarea de reformular y rediseñar sus curricula, no sólo para modernizarlos, sino para alinearlos a públicos demandantes y con intereses profesionales variados, y a objetivos institucionales de política pública (como se hiciera este año con el tema de infancia y como pretende hacerse, por ejemplo, en temas de género y derechos humanos), todo ello sin olvidar su más importante tarea en orden a preguntarnos -y capacitar, en consecuencia- cómo razonan los jueces, cómo argumentan y cómo resuelven.
Después de 25 años, se puede seriamente afirmar que la Academia Judicial ha hecho una contribución muy importante al país, especialmente en materia de selección de alumnos del programa de formación (hoy, casi el 77% del escalafón primario está compuesto por ex alumnos de dicho programa), pero también es una institución plenamente inserta en la cultura jurídica chilena, con reconocimiento nacional (por ejemplo, homologamos este año 151 programas de posgrados de universidades e instituciones chilenas) e internacional (participando en las dos más grandes organizaciones de escuelas judiciales: IOJT y RIAEJ).
El desafío actual de la Academia es incrementar y consolidar el liderazgo en la capacitación judicial y gobernar sus procesos (programar, controlar, evaluar, sacar lecciones) para que el producto de su tarea, combinado con otros factores estratégicos, se traduzca en una mejor justicia para todos los ciudadanos.