COLUMNA DE OPINIÓN

 

Alejandro Gómez Cortés Presidente Colegio de Abogados de Valparaíso. Integrante Consejo Directivo Academia Judicial.

La crisis sanitaria del Covid19 ha producido grandes efectos en nuestro país, sin duda, el más importante de todos es la pérdida de vidas humanas. Sin embargo, soy de la idea que aún en las peores circunstancias es posible aprender y obtener resultados que permitan crecer. La justicia no escapa a ello.

Hemos sido testigos cómo nuestros tribunales de justicia se han tenido que adecuar a esta nueva realidad, contrapesando el cuidado de la salud con la impostergable labor de administrar justicia. En un principio, las medidas fueron tomadas en forma administrativa, según buenamente se podía actuar. Luego llegaron las de carácter legales, como fue la ley 21.226 que permitió, dentro del marco legal, a la Excelentísima Corte Suprema y a las respectivas Cortes de Apelaciones dar directrices de cómo cumplir con tan delicada misión, las que en definitiva fueron concretadas por cada tribunal de acuerdo a su realidad, muchas veces dispar entre jurisdicciones, regiones y ciudades. Pero dicha ley pese a incluir la suspensión de los términos probatorios no era suficiente, pues era sólo una medida provisoria para poder contener la emergencia.

Con el paso del tiempo se hizo imperioso que como país nos juntáramos a pensar cómo mantener el sistema de justicia en estas circunstancias. En ese contexto, el Ejecutivo a través del señor Ministro de Justicia y de Derechos Humanos convocó a una gran mesa de trabajo para enfrentar esta problemática. A mi juicio, dicha decisión no sólo fue necesaria sino positiva. Necesaria, pues sin duda no resulta sostenible en el tiempo mantener miles de juicios paralizados, con las consecuencias que ello conlleva. Positiva, pues primeramente ella implica proyectar el trabajo que sin duda en los próximos meses aumentará descomunalmente. Pero es positiva no sólo por su planificación sino también como ésta se desarrolló.

Efectivamente, el Ministerio entendió que esta labor debía ser mancomunada y que sólo el impulso ejecutivo no sería suficiente. Junto con lo anterior, se convocó a los representantes de los intervinientes más representativos del sistema, divididos en dos grandes mesas: penal; y civil, familia y laboral. Los representantes fueron el Poder Judicial a través de la Corte Suprema, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Consejo de Defensa del Estado, las Corporaciones de Asistencia Judicial, destacados académicos y los Colegios de Abogados de Santiago y de las Regiones representados por el de Valparaíso.

Es justamente este último punto el que quiero resaltar: la participación de la mirada de regiones, tantas veces postergada desde el centralismo, quienes en cada una de las sesiones contribuyeron a dar la mirada desde la realidad de cada región.

Otro punto que resulta importante destacar es que dichos comisionados escucharon a una serie de organizaciones nacionales como la Asociación de Magistrados; funcionarios, administrativos y técnicos del Poder Judicial; abogados laborales y de familia; mediadores; jueces de policía local; Escuelas de Derecho, entre otros. En otras palabras, se recogió una amplia mirada. También quiero relevar el espíritu de todos los comisionados, los que en forma generosa y leal dedicaron largas jornadas de su tiempo para este trabajo, haciendo ver su mirada a veces contrapuestas, pero con un gran sentido republicano, poniendo el bien común por sobre sus intereses particulares, pensando en lo mejor para nuestra Patria y su gente.

El proyecto que fue ingresado a principios de septiembre al Congreso Nacional recoge en gran medida el fruto de esos acuerdos, de esa voz en común. Sin duda, como toda obra humana es perfectible, pero en ella van expresado aquellos puntos en que existe un consenso, con medidas tanto transitorias como permanentes, que nos permiten como Justicia y país enfrentar estas nuevas circunstancias. En ese espíritu los invito a leer, estudiar y debatir el proyecto de ley.