La Ley N° 21.730 crea el Ministerio de Seguridad Pública, establece una nueva Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en materias de resguardo, mantenimiento y promoción de la seguridad y el orden público, prevención del delito y protección de personas en seguridad. Este Ministerio actuará como órgano rector de tales asuntos y concentrará la decisión política en dichas áreas.

Para los jueces y el sistema de justicia en Chile, la Ley N° 21.730, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, puede tener varios impactos significativos, particularmente respecto de jueces de garantía:

• Facultad para deducir querella: El Ministerio de Seguridad Pública podrá deducir querella ante hechos que revistan caracteres de delito y que hayan alterado el orden público, impedido gravemente actividades o servicios públicos esenciales, o afectado la seguridad pública generando temor en la población por delitos de la misma especie (con exclusiones de ciertos tipos de delitos). También podrá hacerlo en delitos específicos contemplados en leyes como la de espectáculos de fútbol profesional, tráfico de estupefacientes y tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
• Cambios en la dependencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
• Coordinación en la persecución penal: El nuevo Ministerio de Seguridad Pública tiene entre sus funciones cooperar con el Ministerio Público en la coordinación, diseño e implementación de estrategias que faciliten la persecución penal.
• Limitaciones en la solicitud de antecedentes: Aunque el Ministro o Ministra de Seguridad Pública puede solicitar antecedentes o informaciones que estime pertinentes, en ningún caso podrá solicitar antecedentes cuya divulgación afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación penal en curso.