La Ley N° 21.780 crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, un servicio público descentralizado cuyo objeto es garantizar el acceso a la justicia a través de orientación, asesoría y representación jurídica, así como apoyo psicosocial. La normativa establece que la atención se focalizará en quienes no pueden procurarse defensa por sí mismos, definiendo explícitamente en su artículo 18 a los grupos de especial protección que requieren prestaciones especializadas: niños, niñas y adolescentes; adultos mayores; personas en situación de discapacidad; y víctimas de catástrofes naturales o hechos que les hayan causado un daño significativo. Asimismo, el Servicio incorpora una línea de acción prioritaria e integral para la defensa y asistencia de las víctimas de delitos.

El impacto de esta norma en la judicatura es estructural, dado que el nuevo Servicio reemplaza a las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial, actuando como su continuador legal y unificando la defensa pública en materia no penal. A nivel procedimental, se agiliza la tramitación mediante la creación del receptor judicial especial, figura que permite a funcionarios del Servicio realizar diligencias de notificación y prueba en sus causas sin depender del sistema de turno ordinario. Adicionalmente, la ley introduce reformas sustantivas en otros cuerpos legales, como:

– Código Orgánico de Tribunales: modifica la referencia del “privilegio de pobreza” al “beneficio de asistencia jurídica gratuita”;
– Ley de Tribunales de Familia, El Servicio asume formalmente la administración del sistema de mediación familiar previsto en la Ley N° 19.968
– Código del Trabajo: Se asegura la gratuidad de las actuaciones de auxiliares de la administración de justicia para los usuarios del Servicio.

Ley 21.780