Sin duda, la íntima e insustituible relación entre los principios de juridicidad, de control y de responsabilidad en el ámbito de la actividad administrativa es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, que aboga por el establecimiento de límites al ejercicio del poder que ejerce la autoridad en todos los aspectos en los que interviene, como una forma de promover y proteger los derechos de las personas. Como herramientas de control de la actividad de la administración, el ordenamiento jurídico nos entrega numerosas acciones y recursos, y también nos ha señalado distintos tribunales para conocer y resolver el respectivo conflicto contencioso administrativo. En el presente trabajo nos enfocaremos en concreto en el estudio de las herramientas que nuestro ordenamiento contempla para el control jurídico que desarrollan los tribunales de justicia en el país respecto de la legitimidad y efectos de la actividad administrativa, es decir, del denominado control contencioso administrativo. A su vez, atendida la gran dispersión de procedimientos en la materia, nos abocaremos al análisis de los elementos procesales aplicables a las diversas acciones contencioso administrativas contempladas directamente en la Constitución Política y solo a algunos recursos previstos en la legislación especializada, que escogimos considerando fundamentalmente su nivel de uso o periodicidad, indicando, cuando corresponda, si es que ha existido algún conflicto respecto de su sentido o alcance que haya derivado en algún pronunciamiento de los tribunales superiores de Justicia, como de parte del Tribunal Constitucional, cuando fuere pertinente.