Con anterioridad a la reforma procesal penal, las funciones en el ámbito penal estaban a cargo de los jueces del crimen. Actualmente, es el Ministerio Público el encargado de investigar, en tanto los jueces deben garantizar los procesos y dictar las sentencias que correspondan. Los tribunales orales dependen jurisdiccional y administrativamente de una Corte de Apelaciones, son colegiados, de derecho y permanentes, con competencia especial y ejercen su función sobre un territorio determinado. Jurisdiccionalmente, trabajan en sala y operacionalmente se organizan en unidades administrativas de Causas, Servicio, Público, Sala y Testigos y Peritos, contando para ello con un equipo administrativo liderado por un administrador. Los juicios orales se desarrollan mediante audiencias con todos los intervinientes y los testigos declaran presencialmente, quedando registrado en un dispositivo de audio. La tramitación de una causa se lleva mediante un sistema informático denominado SIAGJ.