Desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte del Estado de Chile en agosto de 1990, los distintos poderes públicos han llevado a cabo un conjunto de transformaciones estructurales para enfrentar los desafíos que dicho tratado establece. El cambio no es menor, ya que ha implicado repensar estructuras públicas que nunca habían considerado los intereses de NNA o que, producto de la operación de una perspectiva adultocéntrica, creían haberlo hecho. De este modo, el compromiso supuso un cambio de paradigma respecto a la función que debía cumplir el Estado en materia de niñez y adolescencia. Específicamente, la ratificación del Convenio significó reconocer a NNA como sujetos de derecho: «el niño como persona, esto es, con derechos, intereses y opinión»