El acceso a la justicia es un principio básico del Estado de Derecho, está consagrado en nuestra Carta Política y también, por cierto, en instrumentos internacionales, de forma genérica en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, dentro del sistema universal de derechos humanos, en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Tales normas constituyen un mandato para que los Estados creen una institucionalidad que permita desarrollar y mantener mecanismos de protección de los derechos para un efectivo respeto y garantía del acceso a la justicia de todas las personas y, en especial, de los grupos vulnerables.

Acorde con tales orientaciones, el Poder Judicial chileno ha colocado el acceso a la justicia como uno de los ejes de su plan estratégico 2015–2020 y ha procurado obtener una efectiva sensibilización respecto de este imperativo de nuestro quehacer, lo que culmina ahora con la elaboración de estos Protocolos referidos a cinco grupos vulnerables:

Personas con discapacidad

Niños, niñas y adolescentes

Personas migrantes y sujetas a protección internacional

Personas, pueblos y comunidades indígenas

Mujeres víctimas de violencia de género

En ellos se recogen conceptos, principios generales, normas nacionales e internacionales, y recomendaciones o consideraciones para juezas y jueces, que se ofrecen como guías de actuación judicial que colaboran en mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las personas, especialmente de aquellas respecto de las cuales concurren una o más condiciones que pueden ser consideradas sospechosas de posibles discriminaciones.

En este contexto, los presentes Protocolos cumplen el propósito de adaptar a la realidad social y jurídica de nuestro país el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial sobre Acceso a la Justicia de Personas en Situación de Vulnerabilidad, que surgió de la Cumbre Judicial Iberoamericana, de manera de mejorar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad en nuestro país y de fortalecer la capacidad institucional de darles una efectiva atención y respuesta.

Esperamos que estas herramientas, que ponemos al servicio de los jueces y juezas de nuestro país, puedan ser consultadas en todos aquellos casos que involucren a personas pertenecientes a los grupos vulnerables, proporcionando reglas de actuación y mecanismos de tutela efectiva que aseguren una mayor protección en su acceso a la justicia.

La publicación de estos protocolos cumple con los objetivos propuestos en el Proyecto de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables, implementado desde el año 2015, en el que se reafirma y reconoce el compromiso del Poder Judicial de Chile con la promoción y el efectivo acceso a la justicia.