Lo cierto es que la primera pregunta resulta bastante anacrónica a estas alturas del siglo 21. Pensar un Poder Judicial irresponsable e intocable, en el que el principio de independencia judicial opera como una suerte de escudo para los jueces y no como una garantía para los justiciables, resulta francamente inconcebible, al menos en el ámbito de las democracias occidentales. El juez no sólo cumple una función pública, sino que representa, en el ideario social y colectivo, una figura de autoridad cuya labor, dada su relevancia, requiere ciertas cualidades especiales tales como honestidad, integridad y sabiduría. Sin duda que las dos primeras características trascienden el ámbito del ejercicio de la judicatura e invaden la esfera privada del juzgador, cuestión que en todo caso no solamente afecta a los jueces, sino que, a muchas otras autoridades, cuya conducta privada pasa a ser de interés público si tal actuar puede, hipotéticamente, incidir en la forma en que ejercen su oficio.