La crítica generalizada a la sentencia del Tribunal Constitucional, 28 de agosto de 2017, Rol N° 3729 (3751)-17-CPT, nos abre la inquietud de someter a un juicio científico el razonamiento judicial. El requerimiento de inconstitucionalidad presentado respecto del proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, correspondiente al Boletín 9895-1, fue acogido. Las clínicas privadas pueden ejercer su oposición a que se practiquen abortos consentidos en sus instalaciones. Sin embargo, de la sentencia comentada no se deduce una teoría consistente acerca de la objeción de conciencia de las personas jurídicas.