Uno de los primeros impactos al sistema de justicia por la pandemia por COVID 19 fue la implementación de las audiencias por videoconferencia, en el contexto de una política pública sanitaria global, destinada a restringir la movilidad y la consecuente propagación del virus. Sin embargo, a poco andar la judicatura se vio enfrentada a la necesidad de dar continuidad a la actividad de servicio público jurisdiccional, masificándose la práctica de audiencias telemáticas en todas las materias y categorías de tribunales. Pero este mecanismo de solución no parece ser del todo inocuo. A continuación, analizaremos algunas de las objeciones vinculadas estrechamente a la mayor o menor operatividad de las garantías procesales de las partes e intervinientes en el contexto de audiencias telemáticas, en especial, las del imputado en el proceso penal.