Durante la última década, en nuestro país ha proliferado una serie de estudios y publicaciones jurídicas sobre los delitos de violencia contra las mujeres, especialmente en relación con la necesidad de abordar este fenómeno con perspectiva de género, así como de identificar y neutralizar en sede judicial aquellos sesgos y prejuicios que dificultan su superación cultural. Sin embargo, poco se ha hablado sobre la manera en que tales prejuicios y estereotipos perpetúan otra tragedia algo más silenciosa: el abuso sexual infantil. La Ley 21.057 que Regula Entrevistas Grabadas en Video y otras Medidas de Resguardo a Menores de Edad, Víctimas de Delitos Sexuales, que fue publicada en el Diario Oficial con fecha 20 de enero de 2018, provocó una serie de reformas en las instituciones que participan en el sistema de persecución penal, obligando a policías, Ministerio Público y Tribunales a ajustar sus actuaciones a las disposiciones de esta Ley, todas destinadas a proporcionar una mejor atención a los Niños, Niñas y Adolescentes (en adelante NNA) que sean víctimas de delitos de connotación sexual, a fin de prevenir y evitar la victimización secundaria.