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Actividad profesional superior a 8 años y
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Haber detentado por al menos un año un cargo de responsabilidad en alguna institución pública o privada, o haber tenido una actividad de litigación o asesoría relevante en el ejercicio de la profesión. Se entenderá por cargos de responsabilidad los que implican dirigir o coordinar un equipo de trabajo, con capacidad para adoptar o al menos proponer resoluciones o tratar casos y/o asuntos de importancia para la institución. Se entenderá por actividad de litigación o asesoría relevante, haber tenido una responsabilidad principal en la conducción o en la asesoría en más de un juicio o caso de alta complejidad y/o de cuantía significativa y/o de connotación pública.
Respecto a la orientación de esta iniciativa, el Director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas, valora el poder contar también con jueces/zas con experiencia porque “además de la formación especializada, es importante para ser un buen/a juez/a los temas de criterio, de prudencia, que son mucho más difíciles de formar, por lo que la experiencia es un componente muy importante”, indicó.
En este sentido, la Academia durante este año ha firmado una serie de convenios con instituciones públicas para facilitar el ingreso al Programa de sus profesionales, a través de un permiso especial que les permita una vez concluido el curso, si no logran una plaza en el Poder Judicial, retomar sus cargos de origen. Una de las instituciones participantes es la Defensoría Penal Pública. Al respecto, Rubén Romero, jefe del departamento de estudios de la DPP, valora la iniciativa porque permite “enriquecer al sistema judicial con el conocimiento práctico del ejercicio y del rol de otros actores, que les permite comprender el sentido de las actuaciones y alegaciones de aquellos, y juzgar de manera más pertinente y acertada las peticiones, e incluso contribuir a una mayor imparcialidad e independencia, si se estima que mayor conocimiento y experiencia, contribuye a una mayor y mejor resolución y fundamentación de los criterios adoptados”, recalcó.
Igualmente, desde el Ministerio Público comparten el aporte de la iniciativa para el sistema judicial. Al respecto, Sebastián Salinero, Director de la Academia de la Fiscalía de Chile, destaca que “la experiencia no tan solo aporta conocimiento vivencial, sino también afianza uno de los estándares requeridos en la fundamentación de las decisiones judiciales, como es las “máximas de la experiencia”.
¿Por qué podrían estar interesados/as en ingresar a la Judicatura, fiscales y defensores?
Al preguntarle al Director de la Academia de Fiscales sobre el eventual interés de participar en el Programa de Formación en esta modalidad, destacó que “los fiscales y funcionarios del Ministerio Público podrían estar interesados en participar por múltiples razones, pero principalmente porque la carrera judicial implica un desafío importante en la vida personal y laboral de una persona, como es el de impartir justicia. Además, te abre el abanico de áreas de ejercicio que ya no queda reducido al ámbito penal. Finalmente, muestra un nuevo horizonte para los que piensan que en el Ministerio Público no se puede hacer una carrera”, recalcó.
Respecto al eventual interés que genere la iniciativa en defensores públicos, el coordinador de estudios de la Defensoría nos comenta que “conforme la vocación que despierte en las personas dicha experiencia en el rol judicial, muchos de ellos podrían tener una opción profesional adicional a la que ya ejercen en nuestra institución. La movilidad de las personas dentro del sistema, vista como un tránsito de las personas con experiencia especializada hacia roles en los cuales la vocación de servicio público encuentre mayores afinidades entre lo personal y lo profesional, siempre contribuye a que dicho servicio sea ejercido con más compromiso y dedicación”.