Directivos de la Academia Judicial exponen ante la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional de la Convención Constituyente

  • 1 Dic 2021
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  • por : Academia Judicial

Este martes 30 de noviembre, el Director Juan Enrique Vargas y la Subdirectora Cristina Villarreal, hicieron una presentación ante la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional de la Convención Constituyente, con el objetivo de exponer algunas ideas sobre la experiencia de la Academia Judicial y su impacto en el Poder Judicial.

En su exposición, el Director destacó que con la creación de la Academia Judicial se persiguió no sólo mejorar la preparación de los y las integrantes del Poder Judicial, sino también hacer más objetivo, transparente y competitivo el ingreso a su Escalafón Primario. Para ello fue importante dotar a la institución de un sistema de gobierno y una estructura “que compatibilizara los intereses judiciales con las visiones desde el mundo académico y del país en general.” Eso explica que se encuentre dirigida por un Consejo Directivo de alto nivel y plural en su composición.

Tal como reveló un estudio de posicionamiento institucional recientemente realizado, la Academia Judicial es ampliamente conocida y reconocida al interior de la comunidad legal, fundamentalmente por su contribución al proceso de selección y formación de futuros jueces y juezas, estimándoselo como “una institución seria y profesional que ha logrado ser bisagra entre el mundo académico y el judicial.”

Durante el desarrollo de la sesión, el Director dio cuenta de los principales desafíos de la institución, destacando los importantes cambios que ha vivido el Poder Judicial durante estos últimos 25 años, resumiéndolos en la necesidad de “cambiar la concepción de la capacitación, que inicialmente estaba muy centrada en las necesidades individuales que percibía cada integrante, para pasar a vincularla a los objetivos institucionales y de la Justicia.”

En ese mismo sentido, la Subdirectora destacó que en 25 años la Academia ha logrado posicionarse en el mundo judicial, valorando que las personas que trabajan en el Poder Judicial consideren hoy la capacitación no solo como un derecho, “sino también, y eso es lo más importante, como un deber ético; porque la capacitación tiene por finalidad mejorar la calidad de la justicia que reciben los ciudadanos que concurren en busca de ella”, indicó.

En una serie de preguntas de los integrantes de la Comisión, se profundizó sobre cuatro temas: (1) malla curricular en temas específicos; (2) rol de la Academia Judicial frente a la eventual instalación de un Consejo Nacional de la Justicia; (3) medidas para evitar suspicacias de adoctrinamiento judicial, y (4) incorporación de funcionarios y funcionarias del Poder Judicial a la carrera judicial.

La Subdirectora destacó el principal valor que le da la Academia a la entrega de conocimientos a sus destinatarios, especialmente jueces y juezas, que es el entendimiento de su función de una manera reflexiva, crítica y consciente. En ese mismo sentido, comentó la reciente reformulación al perfil de egreso del Programa de Formación destacando la importancia de formar capacidades asociadas a la función judicial.

Del mismo modo, comentó las principales temáticas que aborda el Programa de Formación y la oferta continua de Perfeccionamiento, relevando la incorporación en ellos de los compromisos internacionales asumidos por el Estado chileno, particularmente en materia de derechos humanos.

En cuánto al eventual rol de la Academia ante la creación de un Consejo Nacional de la Justicia, señaló que a este último debiera corresponderle definir las políticas que guíen y orienten la capacitación judicial, correspondiéndole a la Academia, como ente técnico y profesional, darles aplicación. A este respecto, el Director resaltó la declaración constitucional del Consejo Directivo de la Academia Judicial realizada en mayo de este año, en donde precisamente se indica que “la labor técnica de concretar esas políticas corresponde a una entidad profesional que goce de flexibilidad y autonomía y que asegure la libertad académica de los y las docentes, sin perjuicio de encontrarse vinculada y bajo supervigilancia del órgano que se decida en su momento”.