Con la participación de 139 asistentes el martes 26 de marzo se realizó el tercer Seminario en línea del Ciclo de Reformas al Derecho Penal,  titulado «Principales modificaciones de la Ley Nº 21.595 sobre delitos económicos», organizado por el Programa de Extensión de la Academia Judicial.

En la oportunidad, Javier Wilenmann, docente y director de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibañez, expuso sobre el tratamiento de los nuevos delitos económicos y el sistema de determinación de penas aplicable a personas naturales por estos delitos. Para introducir, el académico abordó las modificaciones introducidas por la Ley, haciendo una distinción entre responsabilidad penal de persona jurídica y personas naturales. En este respecto, explicó cómo la Ley no introduce modificaciones en el sistema de punibilidad, ni reglas procesales en personas naturales; teniendo a la vez modificaciones en personas jurídicas. En cambio, introduce modificaciones sustanciales en algunos delitos, aumentando masivamente el ámbito de la ley 20.393, y cambiando el sistema de determinación de la pena de personas naturales por delitos económicos.

Posteriormente, María Soledad Krause, docente de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad del Desarrollo, abordó las principales modificaciones introducidas a la Ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Para comenzar, explicó cómo desde la publicación de la ley 20.393 (publicada en el D.O de 2 de diciembre de 2009) se introdujo por primera vez la responsabilidad penal de personas jurídicas. La académica expuso los resultados de la aplicación de la ley 20.393, y enfatizó que a pesar que sigue siendo un régimen excepcional en nuestro sistema jurídico, porque las personas jurídicas solo responden a figuras bien particulares, la ley de delitos económicos desafía el sistema, al generar transformaciones profundas en la comprensión o por lo menos en la lógica del sistema. Posteriormente, explicó las modificaciones sustantivas, mostrando la comparación entre la ley 20.393 y el estatuto que introduce la ley de delitos económicos.

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