El miércoles 08 de mayo se realizó en línea el primer Seminario del Ciclo de Obligaciones Internacionales del Estado de Chile,  titulado «Debida diligencia en el acceso a la justicia a personas adultos mayores. Análisis del caso Profesores de Chañaral y otras municipalidades vs Chile», organizado por el Programa de Extensión de la Academia Judicial con la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Justicia.

En la oportunidad, Catalina Zegers Delgado, jefa de la Unidad Sistemas Internacionales de Protección de la Subsecretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, comenzó el seminario con una contextualización del caso Profesores de Chañaral y otras municipalidades vs Chile (2021), entre ellas, hechos del caso, las garantías consideradas como vulneradas por el Estado y las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y como el Estado ha ido cumpliéndola.  Posteriormente analizó una serie de temas sobre litigio estratégico y cómo este caso configura un ejemplo de esto, al ser utilizado para cumplir con dimensiones propias de la política pública.

Posteriormente, Andrés Mahnke Malshafsky, ex Defensor Nacional de Chile e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado; se refirió desde una mirada más amplia, al cumplimiento de Sentencias de la Corte IDH y Acceso a la Justicia. Abordó la problemática que existe en la protección y observancia de los Derechos Humanos y las respuestas del sistema interamericano, que denota este caso. Expuso sobre el cumplimiento de sentencia desde tres puntos de vistas: jurisprudencia de la Corte; los efectos integrales y universales que tiene las sentencias de este órgano del sistema interamericano; y el impacto transformador.

 

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RESUMEN OFICIAL EMITIDO POR LA CORTE INTERAMERICANA

• El 10 de noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de Chile por las violaciones a diversos derechos en perjuicio 846 profesores y profesoras de las Municipalidades de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes. En particular, la Corte consideró que los procesos de ejecución de las sentencias dictadas en firme en favor de los 846 profesores y profesoras que condenaban a las Municipalidades al pago de una asignación especial, resultaron irregulares e ineficaces, implicando una violación por parte del Estado a las garantías judiciales, a la protección judicial y al derecho a la propiedad de las personas docentes. Asimismo, tomando en cuenta que las víctimas son todas personas mayores de 60 años y que un quinto de entre ellas falleció esperando por más de 25 años la ejecución de estos fallos, este Tribunal consideró que el Estado desconoció su deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores y la celeridad en los procesos en los que participa esta población en situación de vulnerabilidad. En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1, 21, 25.1 y 25.2.c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.

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