En una ceremonia virtual, que congregó a las principales autoridades del ámbito judicial y que fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva Gundelach, se desarrolló el viernes 08 de octubre un reconocimiento a 47 jueces y juezas acreditados o en proceso de acreditación como intermediarios e intermediarias,  correspondiente a la segunda etapa de la implementación de la ley 21.057, que regula entrevistas videograbadas y otras medidas de resguardo a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves.

El presidente Silva destacó el valor de jueces y juezas que han dedicado su tiempo y enfocado sus esfuerzos en formarse y capacitarse para la aplicación de esta normativa y de esta manera contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos. “Ambas etapas, formación y especialización cuentan con características particulares en esta segunda fase  (…). Este proceso de formación recoge aprendizajes y experiencias obtenidas en la primera fase, lo que enriquece aún más el aprendizaje. La capacitación no es el mero intercambio de contenidos sino entenderla como un fenómeno circular de transferencias que permite recoger los aprendizajes de la etapa anterior, con el fin de repetir los éxitos y tener en cuenta las mejoras posibles”.

En este sentido, el Director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas, relevó también la vocación de jueces y juezas por asumir de manera voluntaria esta tarea de convertirse en intermediarios acreditados, “más cuando implica no sólo una intensa  capacitación inicial sino un proceso de formación continua (…) Esta vocación demuestra el real entendimiento de la Justicia y el rol de cada uno en ella, que va más allá de la aplicación del Derecho en una sentencia; implica por lo mismo apreciar que la formación puramente jurídica en la judicatura, si bien es esencial, puede y debe verse complementada con otras perspectivas disciplinarias, como la psicología en este caso, lo que es esencial para hacer más empática la Justicia para sus usuarios y usuarias, y para toda la ciudadanía”, concluyó.

En total, entre ambas fases, se han desarrollado más de 2.500 entrevistas investigativas y 230 intermediaciones judiciales.

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